La Fiscalía Adjunta Especializada contra la Delincuencia Organizada (Faedo) mantiene vigente una solicitud de captura internacional con fines de extradición contra el abogado de apellidos Chaves Arias, señalado como uno de los cabecillas de una red dedicada a la apropiación ilegal de propiedades mediante fraude registral, en el caso conocido como “Madre Patria”.
El profesional en Derecho, de 40 años, abandonó el país el 2 de junio de 2024, tres semanas antes de que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ejecutara una serie de allanamientos y detenciones clave en el desarrollo del proceso. Desde entonces, su paradero sigue siendo desconocido.
Una red compleja: líderes extranjeros y abogados locales
La estructura criminal investigada por las autoridades, según detalla la Fiscalía, habría sido dirigida por dos ciudadanos españoles de apellidos León Muñoz y Gómez González, quienes operaban en conjunto con varios abogados, entre ellos los hermanos Chaves Arias. El grupo habría dirigido una maquinaria legal para apropiarse de propiedades de alto valor, usualmente en manos de adultos mayores o extranjeros ausentes, valiéndose de documentos falsificados y maniobras notariales.
El abogado prófugo es el único imputado que aún no ha sido detenido dentro de esta causa. Figura como socio en múltiples sociedades anónimas junto con los ciudadanos españoles, actualmente bajo investigación por su presunta utilización como vehículos para actividades ilícitas.
El uso del dinero: criptomonedas, autobuses y tiendas outlet
Las autoridades judiciales sostienen que los recursos obtenidos producto de las estafas eran legitimados mediante diversos mecanismos: desde la adquisición de vehículos de lujo hasta inversiones en criptomonedas y negocios como tiendas tipo “outlet”. También destacan que parte del capital fue canalizado a través de rutas de autobuses concesionadas por el Consejo de Transporte Público (CTP).
Para ejecutar las operaciones con criptoactivos, la organización habría reclutado a dos ingenieros informáticos especializados en el manejo de estas tecnologías.
Medidas cautelares y prisión preventiva: quiénes siguen detenidos
El hermano del abogado prófugo permanece en prisión preventiva desde mediados de 2024. Aunque su defensa argumentó que la fuga de su familiar no debía considerarse una señal de riesgo de evasión, el Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José decidió extender la medida hasta diciembre de este año.
Junto a él, también continúan en prisión:
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Los españoles León Muñoz y Gómez González
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Un empresario autobusero de apellido Herrera
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Un abogado identificado como Loaiza Bolandi
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Un individuo apellidado Prendas
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Un ingeniero de apellido Barrientos
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Una persona más identificada como Rodríguez Hidalgo
Arrestos domiciliarios con monitoreo y funcionarios involucrados
Por otra parte, varias personas permanecen bajo arresto domiciliario con monitoreo electrónico, incluyendo a:
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Una jueza, un funcionario judicial, abogados y supuestos colaboradores logísticos.
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Dos hombres apellidados González, un sujeto de apellido Venegas (juez), y otros ciudadanos bajo diversas restricciones.
Entre los implicados figura un funcionario del CTP, de apellido Rosales, quien habría favorecido los intereses del grupo mediante trámites administrativos. A este se le impusieron medidas como suspensión del cargo, impedimento de salida del país, firma periódica y domicilio fijo.
Asimismo, cinco oficiales de Tránsito permanecen en libertad, aunque con restricciones similares, tras ser señalados por facilitar el paso de unidades de autobús presuntamente relacionadas con la organización.
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